COVID Check-In: Undocumented Workers Pay Their Fair Share in Taxes
Forum Director of Research Noreen Sugrue provides regular updates on the implications of the latest COVID-19 health data. This week, she highlights the ways in which undocumented and mixed-status families are not getting back as much as they give.
By Noreen Sugrue, Director of Research
As we watch the current stimulus talks and await decisions on who will receive desperately needed economic assistance, it's important to remember that unless everyone living in the U.S. is eligible for this assistance, Latino families and communities might only see marginal relief at best.
The disproportionate devastation that COVID has inflicted on the Latino community has been well documented. COVID is pushing the Latino community to the brink of economic disaster, and this is most evident among undocumented and mixed-status families. Between the CARES Act stipulating that undocumented and mixed-status families were ineligible for stimulus checks and all the other barriers to assistance that Latinos face, the federal government has thus far provided insufficient relief for Latinos.
- Five million undocumented workers are performing essential jobs during this crisis.
- According to the America's Voice Education Fund via data from the New American Economy, "Undocumented immigrants paid $27.2 billion in taxes in 2017, $9.9 billion of which went to state and local governments, and had a total spending power of $200.6 billion."
- "In 2013, Stephen Goss, the chief actuary of the Social Security Administration, said, 'we estimate that earnings by unauthorized immigrants result in a net positive effect on Social Security financial status generally.'"
La Directora de Investigación del Forum, Noreen Sugrue, comenta, cada semana, las implicaciones políticas derivadas de los últimos datos sobre salud relacionados con la COVID-19. Esta semana, analiza cómo las familias indocumentadas o de estatus legal mixto reciben menos recursos de los que aportan.
Por Noreen Sugrue, Directora de Investigación
Mientras asistimos a las conversaciones sobre el nuevo paquete de estímulos y aguardamos a conocer quiénes van a ser los destinatarios de estos fondos tan necesarios, es importante no olvidar que a menos que todas las personas que viven en EE.UU. puedan optar a dichos fondos, las familias y comunidades latinas recibirán, en el mejor de los casos, una ayuda insignificante.
Los estragos que la COVID ha causado de manera desproporcionada en la comunidad latina han sido documentados sobradamente. La comunidad latina está al borde del desastre económico como consecuencia de la COVID, pero este extremo es mucho más evidente en el caso de las familias indocumentadas o de estatus legal mixto. Hasta el momento, la ayuda que el Gobierno federal ha destinado a los latinos ha sido insuficiente. Y es que las familias indocumentadas o de estatus legal mixto no han podido optar a los fondos previstos en la Ley CARES, y los latinos se enfrentan a infinidad de obstáculos a la hora de reclamar ayudas.
En este sentido, la falsa creencia de que los trabajadores indocumentados no pagan impuestos y que por tanto no deberían poder optar a estas ayudas, ha hecho mucho daño. Estos trabajadores no sólo realizan una labor imprescindible en nuestro día a día, sino que pagan los impuestos que les corresponde:
- Hay cinco millones de personas indocumentadas que trabajan en empleos considerados esenciales durante esta crisis.
- Según el America’s Voice Education Fund que cita datos del New American Economy: “Los inmigrantes indocumentados pagaron veintisiete mil doscientos millones de dólares en 2017. De éstos, nueve mil novecientos millones fueron a parar a las arcas de los Gobiernos estatales y locales. Además, estas personas tuvieron un poder adquisitivo total de dos cientos sesenta mil millones de dólares”.
- En 2013, Stephen Goss, jefe actuario de la Seguridad Social, afirmó que los ahorros de los inmigrantes sin permiso de trabajo tienen, por lo general, “efectos positivos netos” en las cuentas de la Seguridad Social.
Debemos evaluar cómo está afrontando el Gobierno lo que la COVID ha destruido, revelado y exacerbado, pero sin olvidar en todo momento a los trabajadores esenciales y a los que, sin serlo, también pagan sus impuestos. Las ayudas económicas deben llegar a todo el mundo, si queremos abordar eficazmente las consecuencias de esta crisis.