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La educación pública, ¿derecho o privilegio?: Illinois en la encrucijada

Autor: Karen Garibay-Mulattieri, Manager of Education Policy and Research 

Las escuelas públicas están atravesando grandes dificultades para superar las demoras en los pagos -si es que se producen- procedentes del estado. Illinois no ha cumplido con sus obligaciones y se ha quedado a la zaga del país a la hora de proveer una financiación adecuada con la que educar a nuestros hijos. En consecuencia, las escuelas no disponen de los recursos necesarios para cubrir las necesidades de los estudiantes con bajos recursos económicos.

Varias comisiones han analizado este problema en profundidad y, finalmente, parecía que había un rayo esperanza. La ley 1 del Senado se diseñó para establecer objetivos de financiación para cada comunidad de Illinois, basándose en las características y necesidades de los estudiantes de cada distrito. La ley también promovía buenas prácticas educativas y el reparto de nuevos fondos entre los distritos que distan más de su situación ideal.  

La SB1 se analizó minuciosamente durante un tiempo y fue objeto de debate entre un gran número de actores implicados que hicieron sus propias aportaciones. Finalmente, la ley fue aprobada tanto por la Casa de Representantes como por el Senado y fue enviada al gobernador Rauner el 31 de julio.

A diferencia de las provisiones recogidas en la SB1 para una financiación equitativa, las últimas negociaciones han incorporado la idea de ofrecer becas para asistir a escuelas privadas y exenciones fiscales para aquéllos que las convoquen. Esto, en el fondo, podría conducirnos a un sistema escolar de subvenciones. ¿Acaso desviar fondos de las escuelas públicas a las privadas promociona la igualdad, que era el objetivo inicial de la SB1? ¿Quiénes se benefician de las becas para asistir a las escuelas privadas y de las exenciones fiscales, los estudiantes con escasos recursos económicos o aquéllos de ingresos elevados? ¿Cómo se beneficiarían los Estudiantes de Inglés y los alumnos inmigrantes del sistema de subvenciones? ¿Acaso la opinión pública ha tenido acceso a un análisis sobre cómo este sistema afectaría a la equidad en el conjunto del estado? El público se merece un debate abierto, dado que la implantación de este nuevo sistema podría provocar un cambio significativo en la educación pública y privada. Si este proceso es verdaderamente democrático, el gobernador y la Asamblea General deben abrir este debate para que los ciudadanos sepan cómo se va a gastar el dinero público.   

 

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