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Valoración de las decisiones del presidente Biden en materia migratoria en sus cuatro meses de mandato

Un repaso a los logros en materia migratoria de la nueva Administración y a las promesas incumplidas, así como recomendaciones para el futuro


Por Sarah Cartagena, analista de Inmigración; Louisa Silverman, analista de Inmigración y vivienda en prácticas, y Sofía Gómez, analista de políticas de Vivienda en prácticas.

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En la campaña electoral, el presidente Joe Biden hizo muchas promesas a la comunidad inmigrante, incluidas promesas de revertir inmediatamente las políticas y acciones ejecutivas dañinas de la anterior Administración. También se comprometió a mejorar el sistema de inmigración. En poco menos de cuatro meses, el Presidente ha cumplido muchas de esas promesas, pero todavía queda un largo camino por recorrer para lograr otros compromisos de calado.

Esta entrada de blog está dedicada a analizar el progreso de la Administración Biden en materia migratoria y las promesas incumplidas. El texto está dividido en cuatro secciones: Promesas cumplidas en materia migratoria, Acciones más allá de sus promesas, Promesas incumplidas y Recomendaciones para el futuro.

 

Promesas cumplidas en materia migratoria

En sus primeros meses, el presidente Biden ha hecho reformas que están en línea con las promesas que realizó durante la campaña electoral. Las más destacadas son, sin duda, la de suspender la construcción de un muro en la frontera sur, dejar sin efecto la prohibición de la entrada en el país a las personas procedentes de países de mayoría musulmana, bloquear permanentemente la norma de carga pública de la época Trump, revisar la política de “tolerancia cero” que separó, a la fuerza, miles de niños de sus familias en la frontera de Estados Unidos con México y poniendo en marcha un grupo de trabajo encargado de reunificar a familias que habían sido separadas (hasta la fecha, sin embargo, sólo cuatro familias han sido reunificadas desde la creación del grupo de trabajo el 2 de febrero de 2021). El presidente Biden también puso fin a los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), conocidos comúnmente como la política de “Permanecer en México”, que obligaba a las personas en búsqueda de asilo a esperar en México hasta que se resolviera su petición. Desde entonces, está permitiendo a estas personas entrar poco a poco en Estados Unidos.

El presidente Biden también revirtió algunas políticas devolviéndolas a su anterior versión, que data de la época de Obama. Además, reiteró su compromiso con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), después de que el expresidente Trump tratara sin éxito eliminar el programa que protege a casi 700.000 personas sobre los que pesa una orden de deportación. Su administración revisó los criterios de deportación para incluir sólo aquéllos que suponen un riesgo para la seguridad nacional, la seguridad fronteriza o la pública. Esta medida ha provocado una caída tan grande en el número de personas que han sido deportadas, que las cifras de abril de 2021 son las más bajas hasta la fecha. Además, el número de arrestos de ICE ha caído a la mitad que durante la Administración Trump. Estos datos excluyen, por supuesto, las expulsiones efectuadas en la frontera sur bajo el Título 42.

El presidente Biden ha mantenido su promesa, asimismo, de aprobar una norma que ofrece un camino para obtener la ciudadanía, la US Citizenship Act de 2021. Esta ley general en materia migratoria fue presentada en el Congreso el 18 de febrero de este año, e incluye la posibilidad de obtener la ciudadanía en un plazo de ocho años, reduce los obstáculos para obtener el permiso de trabajo y refuerza las protecciones laborales, entre otras disposiciones. Sin embargo, esta normativa todavía no ha sido aprobada por el Congreso. Mientras esto ocurre, el presidente ha optado por aprobar normas menos ambiciosas que buscan impedir que se deporten a los Soñadores (Dreamers, en inglés) o a otras personas con protecciones temporales. En relación con su promesa de revisar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los inmigrantes para que no se vean forzados a regresar a países considerados inseguros, el presidente Biden ha aprobado el TPS para ciudadanos de Venezuela y Myanmar, y lo ha extendido para los sirios.

En su objetivo de frenar el flujo migratorio, el presidente Biden ha encomendado a la vicepresidenta Kamala Harris a que trabaje junto a con los líderes de los países centroamericanos para impulsar la economía de la región y para atacar de raíz la violencia y pobreza que asolan estos países. Sin embargo, se espera que este proceso sea lento.

 

Acciones más allá de sus promesas

Además de cumplir con algunas promesas clave en materia de inmigración, el presidente Biden ha ordenado acciones ejecutivas para acometer cambios que, en principio, no estaban en su lista de prioridades. Varios de los departamentos que dependen de la Administración Biden han frenado numerosas iniciativas que habrían tenido consecuencias nefastas para las comunidades inmigrantes. Por ejemplo, el departamento de Vivienda y Desarrollo Urbanístico (HUD en inglés) retiró una propuesta que habría perjudicado a las familias con estatus migratorios mixtos. El departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, retiró una propuesta que habría otorgado a esta agencia poderes para recopilar datos biométricos de cada solicitante, patrocinador o beneficiario. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) revirtió el examen para obtener la naturalización a su versión de 2008. La actual versión tenía requerimientos más estrictos. El departamento también frenó una norma que habría aumentado las tasas para solicitudes, entre otras, un pago de $50 para solicitantes de asilo.

Además, DHS estableció directrices que limitan los arrestos por motivos de inmigración en espacios públicos, como los juzgados y sus alrededores, o los centros de vacunación. La Administración Biden ordenó, asimismo, a las agencias encargadas de cumplir con la política de inmigración y a USCIS que sustituyeran los términos “extranjero ilegal” y “asimilación” por “extranjero indocumentado” e “integración”, respectivamente. Esto supuso un cambio considerable en la retórica empleada por la nueva administración.

Foto: Tom Williams, Getty Images

Promesas incumplidas

Pese a que el presidente Biden ha dado pasos importantísimos en la buena dirección, todavía quedan áreas en las que debe mejorar. Algunas de las promesas que hizo en campaña no las ha cumplido. En sus primeros días como presidente, Biden ordenó una moratoria de 100 días en las deportaciones. Este plazo debía servir para revisar las políticas y los protocolos de ICE, una de sus grandes promesas electorales. Esta decisión fue bloqueada por un juez federal de Texas y, desde entonces, la Administración Biden ha continuado con las deportaciones.

La Administración Biden, empleando tácticas similares a las de Trump, ha alcanzado acuerdos con México, Honduras y Guatemala para aumentar la presencia de tropas en las fronteras, con la intención de frenar el flujo migratorio a los Estados Unidos.

Otra cuestión preocupante es el uso reiterado que está haciendo el presidente Biden del Título 42, una provisión que forma parte de una ley de salud invocada por la Administración Trump, y que da la potestad a los agentes de aduanas a prohibir la entrada en los Estados Unidos a cualquier persona que el CDC sospeche que pudiera introducir una enfermedad infecciosa en el país. Esta provisión se ha utilizado para denegar el acceso de solicitantes de asilo a los Estados Unidos. El presidente Biden ha seguido denegando la entrada en el país a estas personas esgrimiendo este motivo, exceptuando a los menores no acompañados y a algunas familias que han tratado de entrar por primera vez. Según United We Dream, desde la inauguración del presidente Biden, se ha invocado en Título 42 más de 300.000 veces para impedir la entrada de personas en el país. Durante los primeros meses de mandato se ha producido un aumento significativo en el número de menores no acompañados detenidos por agentes de fronteras. Esto es en parte debido a los cambios en el Título 42, que permitía la entrada de menores no acompañados y que puede haber llevado a que algunos padres (a quienes no se les permite la entrada) envíen a sus hijos a cruzar la frontera por su cuenta. Por lo general, creen que pese a lo peligroso de la travesía, sus hijos estarán más seguros que en sus países de origen. Una de las consecuencias de este flujo que estamos observando es que los niños están permaneciendo bajo la custodia de los Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) más de las 72 horas establecidas como límite; algunos de ellos lo hacen en condiciones horribles y de hacinamiento.

Otra promesa incumplida es la de aumentar los cupos para refugiados en este año fiscal hasta los 125.000. Tras anunciar que el cupo se elevaría hasta los 65.000 refugiados, Biden se retractó y lo dejó en los 15.000 que había establecido la Administración Trump para este año fiscal. Tras las críticas recibidas, el presidente Biden finalmente reafirmó su compromiso de elevarlo a 62.500, eso sí, advirtiendo más tarde que sería difícil alcanzar este objetivo.

 

Recomendaciones para el futuro

La Administración Biden han sido aplaudida con razón por sus reformas migratorias y por impulsar normativas que permitirán a las personas indocumentadas obtener la ciudadanía, pero los obstáculos para lograr un sistema migratorio justo no han hecho más que empezar.  De aquí en adelante. el Forum recomienda a la Administración Biden que expanda el acceso a la representación legal a los inmigrantes que han sido detenidos. Esta medida dará más opciones a las familias que luchan por permanecer juntas. Es bien sabido que los extranjeros que disponen de representantes legales tienen 10,5 más probabilidades de que los procedimientos a los que se enfrentan se resuelvan a su favor

Otra media que apoyamos es la retirada del Título 42 o su reformulación. En demasiadas ocasiones la invocación de este título está sirviendo de excusa para denegar solicitudes de asilo poniendo en riesgo a muchas familias en México y otros lugares. Además, recomendamos la retirada de tropas de las fronteras con México, Guatemala y Honduras, y que se destinen, por el contrario, más recursos a mejorar el sistema de acogida.

Por último, como ha señalado United We Dream, la Administración Biden debería ejercer su facultad discrecional y suspender las deportaciones. La facultad discrecional otorga la autoridad de procesar o llevar a cabo deportaciones.

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